Araucanía, incendio en la pradera

Por: Lidia Baltra

Los últimos incendios de camiones y maquinaria en la Araucanía, que se habría adjudicado la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), encienden nueva luz roja para alertarnos como sociedad: no estamos tratando la causa mapuche como se debiera y pareciéramos estar en un callejón sin salida.

Hace mucho que vengo conociendo al pueblo mapuche. Bajo la dictadura, desde las ONG los vimos como parte de en un sector rural devastado y apoyamos su reorganización para que en unidad se levantaran a reivindicar sus derechos perdidos. Así surgieron Ad Mapu, Nehuen Mapu, Calfulicán y Aukiñ Wallmapu Ngulam (Consejo de Todas las Tierras) organizaciones indígenas que pronto se unieron al movimiento campesino y luego al ciudadano para derrotar por las urnas a la dictadura cívico-militar en el plebiscito de 1988.

Pero también observamos con sorpresa y desilusión que en esa oportunidad ganó el “Si” en la Araucanía.  La derecha tenía y tiene ahí un bastión pese a ser la región más pobre del país. ¿Cómo entenderlo? Tal vez porque casi la mitad de  los mapuche vive en Santiago; o bien porque perdieron la brújula cuando sus dirigentes los separaron de los partidos políticos al dejar éstos de escucharlos, pero que siguen siendo los grandes canales de intercambio de ideas a través de los cuales funcionamos en paz.

La principal razón de su irracional apego al grupo político que les quitó sus tierras está en que el mapuche no es un conglomerado homogéneo y sus distintos grupos tienen diferentes formas de pensar y de actuar para resolver sus problemas.

La rabia del pueblo mapuche, esa que provoca que los grupos más exaltados  quieran “incendiar la pradera” como enseñaba Mao, es muy antigua. Desde que siglos atrás el Estado chileno le quitó su dignidad de pueblo distinto y lo redujo a las peores tierras, aquellas que les impiden una normal existencia y los condenan a desaparecer. Son otro grupo de indignados.

Conocí de cerca sus demandas cuando en los 90 trabajé en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI, que dirigía José Bengoa y luego en los primeros años de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, ya conducida por ellos. Y desde mi modesta opinión sé que su encono no cesará hasta que se les reconozca como pueblo.  Como hizo la Corona española tras su lucha de siglos y como hoy hacen otras naciones del mundo que, al igual que Chile, han firmado y ratificado los tratados de Naciones Unidas sobre la moderna relación con los pueblos originarios y los cumplen.

Un trato donde se les respeta su lengua, su cultura, su cosmovisión y se les permite organizarse para buscar su desarrollo según sus costumbres y leyes ancestrales  (autonomía) sin que esto vaya en desmedro de su relación con la nación donde habitan, cuyas leyes también deben seguir respetando en convivencia armoniosa.

Así ocurre en otros países que conviven pacíficamente con sus aborígenes, como Canadá con los inuit (esquimales) que tienen un territorio propio, el Nunavit, en la provincia de Quebec; o Nueva Zelanda donde los maorí dialogan con la sociedad mayor desde 7 escaños en el Parlamento; o Panamá con los  guna (ex kuna) en el archipiélago de San Blas, donde habitan en comarcas que se rigen por una administración política y administrativa propia reconocida por la Constitución del país.

Lo que debiera estarse discutiendo en nuestro Congreso Nacional no es si estos incendios en la Araucanía se atacan como terrorismo o no, sino si debiéramos reconocer a los pueblos originarios en la Constitución para luego incorporarlos al Parlamento donde puedan pacíficamente exponer y defender sus puntos de vista.

Ciertamente ya estamos atrasados para llegar a esta etapa. Porque así como hoy las mujeres disponemos de una ley de cuotas para ponernos al día en la participación política, también debiera haber cupos especiales en el Congreso Nacional para este otro grupo rezagado. Sí, ley de cuotas para indígenas como sector postergado que debe recuperar tiempo y para lo cual, en un comienzo necesita de algunas ventajas que emparejen la cancha.

En un Parlamento de iguales se podría conversar, discutir y llegar a acuerdos sobre qué hacer con las tierras que los mapuche reclaman como ancestrales y que las empresas forestales les han invadido creando mucha riqueza para unos cuantos poderosos, y también para el país… pero dejando a sus históricos propietarios en la miseria.

¿Qué candidato presidencial le va a poner el cascabel al gato y va a establecer en su programa que el pueblo mapuche tiene nuestro reconocimiento constitucional como pueblo con dignidad, igualdad con los chilenos, espacio en el Parlamento y derechos de autonomía como los mencionados, y todo dentro de los marcos republicanos?

Apuesto a que así cesarían los incendios en la pradera de la Araucanía.

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