Defender las facultades del Pueblo Constituyente y sus Delegados

15
Ene

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

El gobierno de la minoría, que es parte del Rechazo de un 20% de los ciudadanos a cambiar la Constitución, se sabe derrotado. En pleno inicio formal del proceso convencional y a meses del fin de su período, intenta emular a Pinochet dejando todo bien amarrado. Es así como acaba de poner la votación del Tratado Transpacífico, TPP11, en discusión inmediata en el Senado. La aprobación de este Tratado pondría nuevos obstáculos para la realización de los cambios que acuerde la Asamblea Convencional, y reforzaría la posición de quienes desean mantener intacto el modelo agroexportador y extractivista.

El Senado había suspendido el trámite, gracias a la revuelta popular que levantó la consigna #NoalTPP11 en los territorios de todo el país, como parte de las demandas por derechos sociales garantizados. Antes de ello, en julio de 2018, las organizaciones sociales habían hecho un ejercicio de democracia directa con un plebiscito autoconvocado, el cual arrojó más de 500.000 votos contra el TPP11 en todo el país.

La medida del gobierno forma parte de una serie de acciones orientadas a despejar el camino a los grandes inversores de empresas transnacionales, ya sean del rubro del agronegocio y fabricantes de plaguicidas -entre ellos BayerMonsanto- como también las mineras y corporaciones ligadas a los proyectos energéticos. A la par de ello, se lanzó un feroz operativo de guerra en comunidades del Wallmapu, territorios a despejar para dar “tranquilidad” a las forestales, mientras se persiste en mantener como rehenes a las y los presos políticos de la revuelta, y se sigue violando en las calles los DDHH.

Este accionar del gobierno de los empresarios incluye una proyectada delegación de las funciones de registro de plaguicidas del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, en las corporaciones fabricantes de agrotóxicos, como Bayer Monsanto, capitulación que generará nuevos daños a la salud de las mujeres y niñes, y también al medio ambiente, en medio de la crisis ecológica, sanitaria y alimentaria que vivimos como país.

La maniobra del Presidente Piñera y su canciller Allamand pretende usurpar el poder constituyente y recolocar en el Congreso la toma de una decisión sobre el TPP11 que marcará no sólo a esta, sino a las generaciones venideras. A ello se suma el llamado Acuerdo de Paz, que puso las reglas del juego para la elección constituyente, salvando al gobierno de una inminente caída y estableciendo que la Asamblea Convencional no podría tocar los tratados de Libre Comercio.

Los movimientos sociales que han encabezado la lucha contra el TPP11 rechazaron todos los puntos del Acuerdo de Paz y hoy se reactivan en una campaña que busca congelar la tramitación del TPP11 en el Senado, hasta el fin del proceso constituyente.

Las ganancias de las corporaciones transnacionales están garantizadas en los capítulos del TPP11 relativos a Inversión y Resolución de Controversias.

Los y las convencionales de los partidos políticos, sostenedores del modelo neoliberal, podrán argumentar, si el TPP11 se aprueba, que el fin definitivo de las AFPs propuesto es una “expropiación” y también lo serían la incorporación en la Constitución de la inapropiabilidad del agua o los derechos de la naturaleza, así como el fortalecimiento de la salud y la educación públicas, porque en todos ellos hay inversores extranjeros.

Además, la “coherencia regulatoria” del TPP 11 operará para legalizar los cultivos transgénicos para el mercado interno. Con el UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) resucitará la Ley Monsanto de privatización de la semilla, dando más poder a las corporaciones productoras de agrotóxicos y transgénicos. Este tratado incluso faculta a las corporaciones transnacionales a demandar al Estado por leyes o medidas adoptadas en pandemia, por ejemplo, en cuanto a previsión (10% u otras) o las deudas en servicios básicos. Además, impide que el Estado pueda exigir a los inversores transferir su tecnología en proyectos en minería y energía, perpetuando el carácter extractivista y colonial de la economía de nuestro país.

Por ello, declarándose como pueblos constituyentes y movilizados, los movimientos sociales han declarado que estas materias deben debatirse en la Constituyente y no en el Senado. De inmediato hubo apoyo de un número creciente de candidates independientes a la Convención Constituyente, comprometidos con las demandas de recuperación del agua y los ecosistemas, y con incorporar el carácter antipatriarcal y plurinacional del Estado, que sea asimismo un Estado garante de los derechos a la previsión y seguridad social, salud, educación, trabajo digno, equidad de género, sistema de cuidados, soberanía alimentaria y recuperación de la semilla, entre otros.

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